Los Indefinidos No Fijos de la Junta transmiten a Función Pública el deseo de evitar la judicialización

[José Carlos Galván]

El presidente de la Asociación del Personal Laboral Indefinido por sentencia judicial de la Junta de Andalucía (APLINDF), José Carlos Fernández, ha mantenido junto con otros miembros del colectivo una reunión con la Jefa del Servicio de Planificación y Gestión del Personal Laboral de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, Aurora Molina. El objetivo de encuentro es presentar a la Asociación como interlocutor directo y trasladar ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía las inquietudes de la Asociación en los procesos de Oferta Pública de Empleo (OPE).
José Carlos Fernández ha transmitido en el encuentro el deseo de APLINDF de “evitar la continua judicialización de los asuntos que rodean a este colectivo, debido entre otras cosas a la inexistencia de un contacto directo entre las partes”. En este sentido, se ha ofrecido a la Asociación como interlocutora válida de cara a comenzar un diálogo y emprender negociaciones con la Secretaría General para la Administración Pública. Su titular, Lidia Sánchez, ha excusado su ausencia en la reunión, de ahí que la hayan mantenido con Aurora Molina, quien se ha comprometido a hacerle llegar a Sánchez el Manifiesto elaborado por la Asociación, aunque APLINDF le ha reiterado el interés de ésta por que se lleve a cabo un encuentro directo entre las partes.
En cualquier caso, el presidente de APLINDF ha trasladado la convicción del colectivo de que “no es oportuna la inclusión de este personal en la OPE actual, y que lo prioritario debe ser la regularización de la situación de cada una de las plazas afectadas, con el debido reconocimiento de titulaciones, antigüedades, aclaración de funciones de los puestos de trabajo y reversión de los traslados realizados de forma irregular en el último concurso de traslados, que ha sido impugnado y que está pendiente de resolución judicial”.
En la misma línea, Fernández le ha indicado que todos los informes jurídicos que posee APLINDF establecen que “las convocatorias que así se realicen son impugnables por efectuarse sin garantías jurídicas suficientes para el personal afectado”, obligándose en el caso de que se produzca a judicializar de nuevo la relación entre las partes.
“Ante situaciones excepcionales como la de este personal, la administración no puede arbitrar soluciones convencionales. Ante problemas complejos no se pueden dar respuestas simples, así que le instamos a contar con nuestra colaboración para encontrar un camino que garantice la efectiva regularización de este personal”, ha dicho Fernández antes de concluir: “Un problema que lleva más de 20 años enquistado no se puede pretender resolver de la noche a la mañana mediante una convocatoria de OPE a prisa y corriendo sin las garantías suficientes”.